Queridos amigos:
El Instituto Nacional de Estadística (INE) hacía público a finales del pasado mes de junio este dato: en el año 2009 hubo en España un 10% menos de matrimonios y un 5% menos de nacimientos. Se trata de un dato verdaderamente preocupante, sobre todo, si se tiene en cuenta que en más del 21% de los matrimonios celebrados uno de los cónyuges era extranjero; y si a esto se le añade, además, el número de abortos, cifrados en torno a los 120.000, antes de que haya entrado en vigor la nueva ley liberalizadora.
Todo ello es un signo de que
no se está atendiendo a la familia como merece, no se está otorgando a la natalidad la suficiente importancia. Tal y como están las cosas, lo verdaderamente razonable sería plantear políticas activas de apoyo a la familia y a la natalidad, como ha declarado el Foro Español de la Familia. Porque los efectos del fracaso de la familia son ya muy evidentes.
La declaración Universal de los Derechos Humanos establece: “la familia es una célula o núcleo fundamental de la sociedad y del Estado y como tal debe ser reconocida y protegida” (art. 16). A la luz de esta declaración, la Constitución Española proclama: “los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia” (art. 39). ¿Hasta dónde llega el cumplimiento de estos principios rectores de la política social? ¿Nuestro actual Gobierno, como los gobiernos anteriores, asegura realmente esta protección?
La impresión es que el reconocimiento y protección de la familia son pura y simplemente teóricos; se quedan en las palabras. La realidad es muy distinta. Escasean los apoyos institucionales otorgados a la familia. Quizá lo más triste es precisamente esta contradicción social, este contraste que existe entre el discurso oficial dominante, que define y proclama la familia como núcleo central de nuestra sociedad, y el escasísimo desarrollo de políticas sociales de apoyo a las familias.
La familia es un bien humano y una institución social fundamental. Más allá de interpretaciones ideológicas o de luchas partidistas, es necesario estimular, desarrollar y compartir una verdadera política de protección familiar, que llegue a adoptar las medidas culturales, económicas y sociales adecuadas.
